Cayo Norte y el olvido

En 48 horas nadie hablará de Cayo Norte. Es probable. El alcalde de Culebra intentó zanjar la discusión: “siempre ha sido privada”. Es difícil saber si los caribes o taínos que pasaban por allí tenían título de propiedad. Desde el eurocentrismo, ciertamente, la Isla Municipio de Culebra, antes llamada San Ildefonso de la Culebra o Isla del Pasaje, era tierra de nadie hasta que se fundó por Real Decreto el 3 de junio de 1880. Cayetano Escudero, representante del alcalde de Vieques, dirigió las obras durante poco más de un lustro. Antes de eso toda suerte de renegado, pirata, ladrón, solitario, traficante ocupó la isla de manera itinerante. No vamos a desdecir al alcalde.

No mucho después -20 años no es nada, dice el tango- con la invasión norteamericana y el Tratado de París el territorio cambia de manos. Desde 1901 el presidente Roosevelt había ordenado que todos los terrenos públicos estarían bajo la jurisdicción del Navy. Y Culebra era perfecto para eso. Me atrevo a decir que comienza desde entonces un problema de contaminación significativo. Como sabemos, en Culebra y sus alrededores se llevaron a cabo prácticas militares desde 1902 hasta 1975. Ni siquiera la muerte de 9 marinos en 1946 a causa de un bombazo mal administrado acabó con las prácticas.Y la artillería sin detonar es sucio difícil. El daño a las costas y al subsuelo tarda décadas en subsanarse.  Por ejemplo, en 1973 se comenzó a “descontaminar” el fondo marino cuando se proveyeron,  mediante la Public Law 93-166, 12 millones de dólares para la relocalización de las prácticas de guerra. Sin embargo, se prohibió la “decontamination at US expense”. El uso continuó de manera más o menos regular.

En el 1995, cuando el gobierno norteamericano decidió hacer otro estudio sobre la contaminación con desechos militares en la isla, el dueño de Cayo Norte era entones Juan de la Cruz Padrón. Sin embargo, el cayo ha tenido varios dueños, incluyendo algunas áreas de la propia familia Padrón. El más reciente, que es la noticia del momento aunque se trata de una transacción que ocurrió en 2018, es Lawrence «Larry» Edward Page, un ingeniero en computación creador  de Google junto con Serguei Brin . Estaba clasificado por la revista Forbes como la décima persona más rica del mundo un año antes de comprar Cayo Norte, que entonces, luego del paso demoledor del Huracán María, estaba en subasta.  

No es arriesgado pensar que este brillante ingeniero ha invertido 32 millones de dólares con el propósito de desarrollar una empresa turística. De hecho, no es la única isla que ha comprado en el Caribe. Es poco probable que haga estas compras con un propósito conservacionista.

Esta no es la primera vez, ni la última, que Cayo Norte estará en pugna entre intereses privados y los de la comunidad. A modo de ejemplo, hace dieciocho años (2006) el periodista José Javier Pérez – del periódico de la familia Ferré-  reseñaba otra reventa del Cayo Norte. Advertía que se trataba de un patrimonio natural y una importante área de anidaje de tortugas. En aquella ocasión (2006) la isla fue adquirida en subasta por $10.1 millones a la empresa Spanish Virgin Island (SVI) Investments.

Ciertamente el valor de Culebra, sus cayos, su fondo submarino es incalculable y tiene un balance precario. La isla y su entorno es uno de los últimos refugios del carey de concha, el tinglar, cabezón y el peje blanco que no son impactadnos por desarrollos urbanos o turísticos. También puede observarse allí el manatí antillano cuyo enemigo principal no es la orca, sino los yates y las lanchas veloces.

Lo que llama la atención sobre esta venta en particular, es que el desarrollo sustentable de las islas municipios de Vieques y Culebra es política pública del erosionado gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Cuando terminaron las prácticas militares en Culebra la legislatura insular aprobó una ley con el propósito de atender las necesidades de desarrollo y sostenibilidad de la isla. La Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1975, la Ley de Conservación y Desarrollo de Culebra, creó un organismo dedicado a la conservación, uso y desarrollo integral de Culebra, adscrito al Departamento de Recursos Naturales. La política pública era que “es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico preservar y conservar la integridad ecológica de Culebra, incluyendo sus cayos, islas y aguas circundantes y asegurar que el continuo desarrollo de Culebra proteja y conserve, al máximo, su extraordinario ambiente natural que es parte del patrimonio de Puerto Rico”. Yo no sé si ese “organismo” que implantaría esa política existió o si aún existe, pero más que una ley parece algo de sentido común. De hecho, consta que algunos y algunas de los funcionarios del DRNA han dado voz de alerta ante las autoridades cuando la posesión y manejo de terrenos de dominio público, así como la preservación y sabio uso de los recursos naturales de Culebra, se han puesto en entredicho.  Sin embargo, frente a intereses como los de, por ejemplo, el décimo hombre blanco más rico del mundo, ¿tiene alguna agencia local fuerza de ley o recursos económicos? ¿Tendría el gobierno dinero para participar en la subasta del 2018? 

Por otro lado, la Ley 153 del 10 de agosto de 2002 creaba un grupo interagencial a esos fines, es decir, presentar estudios y propuestas para ese desarrollo sustentable o sostenible. Ese tipo de desarrollo supone que son los intereses de la comunidad los prioritarios. De este modo, las las protecciones y servicios sociales así como el desarrollo económico básico nunca debe poner en peligro el ambiente ni el libre disfrute de terrenos públicos. En Puerto Rico las playas son públicas. Pero esa historia ya la sabemos, son públicas pero el acceso a ellas no lo es. Las leyes no sirven de nada si alguien, si las comunidades, nosotros, no exigimos que se cumplan. 

Ojo avizor entonces.  La defensa de la integridad de los espacios públicos en cualquier lugar es un asunto de vida o muerte. La nuestra y la de todos los seres vivos. ¿Qué hacer? Como vemos se cuenta con leyes y regulaciones claras que podrían limitar el impacto de los intereses privados. Sin embargo, que se pueda monitorear el asunto supondría una inversión de tiempo y dinero que no parece ser prioridad ni en 1975 y mucho menos en 2024. Ante esto siempre se recurre al mantra de la participación ciudadana. Por supuesto, la participación activa de la comunidad es fundamental para defender los espacios públicos. Sabemos que en Culebra y en toda la isla los ciudadanos se organizan en grupos comunitarios, asociaciones de vecinos y otras formas de participación para monitorear y proteger los espacios públicos. Y también sabemos, que de manera paradójica, son las propias fuerzas represivas las del estado las que impiden que sean los propios ciudadanos los que cumplan con la política pública. Cuando un grupo de ciudadanos defiende un espacio público el estado utiliza a “las fuerzas del orden público” como guardias privados.

Es igualmente importante que los procesos de toma de decisiones relacionados con los espacios públicos sean transparentes y que los responsables rindan cuentas ante la comunidad. Esto implica garantizar el acceso a la información, la divulgación de los proyectos y la participación en la toma de decisiones. Sin embargo, ¿en cuántas instancias no ha sido necesario que excepcionales miembros de la legislatura, ciudadanos particulares y miembros de la prensa hayan tenido que recurrir a tribunales solicitando documentos públicos?

Algunas sugerencias que he escuchado incluyen realizar alianzas que pueden promover la inversión privada en la mejora y mantenimiento de los espacios públicos, así como generar conciencia sobre su importancia. ¿Tendrá el señor Page interés en servir de facilitador del mantenimiento del Cayo Norte y sus alrededores? ¿Es realmente posible que los intereses privados y los públicos en Puerto Rico coincidan cuando armas ideológico/económicas como la Ley 60 se han impuesto a pesar de la oposición de la mayoría de los ciudadanos?

También he escuchado otras propuestas. Algunas son de un aventurismo que enternece. Digamos: “¿por qué no ocupar Cayo Norte y exigir que se le devuelva a la comunidad?”.  No soy quien para juzgar ninguna de esas propuestas. Pero a fin de cuentas, ¿no fue el país organizado para el rescate de su soberanía quien sacó a la Marina de Vieques?

Bibliografía disponible que recomendamos:

https://periodismoambientalpr.blogspot.com/2006/01/vendida-un-rea-de-gran-valor-ecolgico.html

https://www.coralations.org/MPA/Bombs/Culebra_ASR_Part_1.pdf

http://www.estudiostecnicos.com/projects/viequesculebra/pdf/primer-informe-culebra.pdf

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Author: rafah-acevedo